Dominguez Brito se querella contra síndico de Cabarete por supuesta corrupción

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By caba8255 on May 22, 2013. No Comments

Rueda de prensa del 21 de mayo 2013 en relacion a la querella interpuesta por la DPCA a Canoa

Rueda de prensa del 21 de mayo 2013 en relacion a la querella interpuesta por la DPCA a Canoa

 

La Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) pidió a los tribunales de Puerto Plata proceder con agilidad en el conocimiento de la querella presentada por el Procurador General de la República¸ licenciado Francisco Dominguez Brito, contra el Director Municipal de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) y el ex Director Municipal Eddy Ramón Morfe de la Cruz, por supuestamente malversar más de 185 millones de pesos de los fondos públicos durante los años 2004 – 2010.

Además, reclamó que se cumpla la ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007 cuyo artículo 44 dispone que un funcionario municipal debe ser suspendido cuando se “inicie juicio de fondo en el que se le impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad”.  La audiencia preliminar para determinar si existen suficientes pruebas para iniciar un juicio de fondo a Canoa y Morfe está fijada para mañana, 21 de mayo en el juzgado de instrucción.

“La comunidad de Cabarete requiere el respaldo de la Justicia y del Ayuntamiento de Sosúa, del cual depende la Junta Distrital de Cabarete para sanear cuanto antes su cabildo y promover el uso correcto de sus recursos”, dice una declaración de ADECA en la cual también “pide el apoyo solidario de las demás instituciones empresariales y sociales de la provincia de Puerto Plata en el esfuerzo que realiza para adecentar la gestión municipal”.

La querella de Dominguez Brito ante el Juez de Instrucción de Puerto Plata se fundamenta en una auditoría de ese período realizada por la Cámara de Cuenta, en una investigación adicional llevada a cabo por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), el peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y en una querella documentada presentada por ADECA en octubre del 2012, acusado a Canoa y Morfe por un desfalco de más de RD$102 millones en el período comprendido entre los años 2004 y 2012.

El caso puesto en marcha por la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuenta y ADECA, destapa la mayor trama delictiva conocida hasta el momento en el ámbito municipal.

Mora (más conocido como Canoa) es el actual Director Municipal de Cabarete y ocupa el cargo desde el 2010. Se ha visto envuelto en violaciones a la ley de medio ambiente, en un ataque a tiros contra un taxista y ha sido procesado por violación a la ley de libre acceso a la información pública.  Morfe se desempeño como Director Municipal del 2008 al 2010. Canoa también estuvo en la posición losaños 2004 a 2005.En el expediente además se cita como involucrados o beneficiados con las actividades ilícitas descritas en la querella a los hermanos de Canoa  Ernesto, Humberto y Luz Deisy Mora Ramirez.

La posición de ADECA fue presentada a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que participaron el doctor David La Hoz, abogado  de la entidad y Michel Gay Crosier, empresario hotelero de Cabarete, el actual presidente de ADECA. También participa como abogada de la asociación junto con La Hoz, la licenciada  Cándida Gil.

El pasado 19 de septiembre del 2012 un tribunal de Puerto Plata impuso a Canoa y Morfe medidas de coerción por una acusación de falsificación de documento público. Ordenó una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentarse a la corte los días 15 de cada mes.

Dominguez Brito en instancia presentada el 8 de febrero del 2013 solicita al Juez de Instrucción de Puerto Plata fijar la audiencia preliminar, dictar el auto de apertura de juicio y ratificar las medidas de coerción que pesan actualmente contra los imputados.

El presidente de ADECA Gay Crosier pidió y acelerar el proceso para detener la “escandalosa dilapidación de los recursos que cumplirá una década; y solicitó a los líderes del PLD,del PRD y del PRSC, especialmente a Carlos Morales Troncoso, desmontar el manto de protección políticaque existe en la provincia de Puerto Plata en favor de Canoa”

Dijo que esta vez la comunidad de Cabarete “confía en que el ayuntamiento de Sosúa suspenderá a Canoa como Director del Distrito Municipal, ya que los ciudadanos y empresarios de  Cabarete no se merecen ser representados y dirigidos por estas personas”.

 

Abultado historial de querellas

La querella de Dominguez Brito es la tercera que enfrenta Canoa por corrupción. En octubre del año pasado fue sometido por ADECA, y en agosto pasado por la DPCA, basándose en un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal de Cabarete realizó transacciones por $119.4 millones  a través de diferentes cuentas  sin que existan “los documentos que respalden de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al 70% de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los años 2004 al 2010.

La querella de ADECA se suma al historial  de conflictos en que ha estado envuelto Canoa, que además de la iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una querella por disparar contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario que está siendo procesado por negarse a entregar información pública (Julio 2012).

Canoa fue nuevamente sometido este año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de la Junta Distrital de Cabarete; pero todos los procesos en su contra “caminan  lentos” en Puerto Plata, dijo La Hoz.

Las acciones de los empresarios de Cabarete contra Canoa y la Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las denuncias que obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal, considerada un hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos contratos fueron hechos en violación a la ley de contratación del Estado.

Una de sus respuestas fue iniciar un proceso contra el Gay Crosier  por una supuesta violación a las regulaciones ambientales, para el cual falsificó un acta de la Junta Distrital. Esta acción fue desestimada en todas las instancias y por ella ahora enfrenta una demanda y una querella por falsificación que protagoniza la DCPA.

 

Asociación de malhechores

El doctor La Hoz informó que ADECA acusa a Canoa y Morfe de desfalco, abstención y colusión por Violación de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos, los artículos 146 y 148 de la Constitución de la República y los artículos del Código Penal Dominicano relativos adesfalco (Art. 171), prevaricación (Art. 166), concusión (Art. 174), asociación de malhechores y otros.

Dijo que un análisis de la documentación en manos de la Asociación hecho por un contador encontró que sólo en una supuesta aplicación de asfalto en Cabarete sin contratos ni soportes justificativo en los años 2008 y 2009 se esfumaron RD$54 millones de pesos; y unos RD$10 millones en cheques emitidos a nombre de Guarionex Sánchez y  cambiados por el tesorero municipal y un hermano de Canoa. También se emitieron cheques por más de RD$2.5 millones a favor de tres hermanos de Canoa, y otros RD$15 millones emitidos con facturas y firmas falsificadas.

Explicó que la acción iniciada se sustenta en el artículo 21 de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos  que establece que en caso de violación a esta legislación “cualquier persona física o moral” podrá solicitar a las jurisdicciones panales competentes “la puesta en movimiento de la acción pública, en constituirse en calidad de querellante y actor civil según los términos del Código Procesal Penal y solicitar las sanciones correspondientes”.

La Hoz precisó además que esta ley “otorga legitimidad procesal a los munícipes en lo referente a la vigilancia y control de los gastos del ayuntamiento como de las labores que realiza”, por lo que establece el artículo 245 que instituye “los Comités de Auditoría Social o Comités Comunitarios de Obras como un mecanismo propio de la comunidad, con el objeto de vigilar los proyectos y obras a cargo del ayuntamiento”, de forma que las mismas“se realicen de acuerdo a lo planeado y presupuestado”.

 

La querella de la DPCA en agosto

La investigación citada hecha por la Camara sobre la ejecución presupuestaria y que motivó la querella de la DCPA de agosto pasado, abarca el período 2004 – 2010, en el cual actuaron Morfe y Mora (Canoa), bajo cuyo mandato se ejecutó el 54% de los recursos erogados en el período ya que sólo en los años 2009 y 2010 se gastaron $91.1 millones.

El informe señala que los “estados de ejecución presupuestaria no presentan razonablemente en todos sus aspectos los ingresos y desembolsos realizados” en el período, y señala que se violaron las disposiciones de las leyes de organización municipal,  de municipios, de presupuesto, de contrataciones públicas, de función pública, el Código Tributario y otras disposiciones.

Esta auditoría revela  que se asignaron obras por valor de $81.6 millones sin contratos, principalmente en los años 2009 ($40 millones) y 2010 ($26 millones), bajo el mandato de Canoa, y se comprobó el pago de $57.2 millones a contratistas de obras sin los soportes justificativos, principalmente a la Corporación Norteña de Asfalto, a las constructoras Kuky Silverio Industrial, Sánchez, Julio Melquiades Valdez, Lorenzo Sarita, Rolando Bonilla Smith y Transportes Domínguez.

En Distrito recibió ingresos por $30.6 millones  “de los cuales se comprobó que los recibos de ingresos superan los depósitos y viceversa”. A los volantes de depósitos “no se les anexaron los recibos de ingresos correspondientes”.   También, pagó de $224 mil por avances de construcción cuyos beneficiarios difieren de los que figuran en las facturas anexas como justificación; se emitieron recibos por $39.1 millones por licencias de construcción sin anexar los documentos relacionados, y se pagaron $2.2 millones en combustibles con cheques a nombre de funcionarios y empleados o personas físicas.

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