Se conocen varios casos en que encumbrados dirigentes de entidades estatales inicialmente se negaron a atender una petición de información, pero finalmente la entregaron, precisamente para evitar una querella penal que conlleva una condena a prisión de seis meses a dos años e inhabilitación para la función pública por cinco años.
El pasado 23 de julio tuvo lugar en Puerto Plata la primera audiencia del proceso que se le sigue a Canoa, quien hasta ahora ha logrado evadir con gran “destreza” la justicia a la que se ha enfrentado por diversas acciones de carácter penal. La Corte a cargo del proceso lo reenvió para el 23 de agosto próximo.
Por qué es importante estar atento a este asunto que resume la lucha de pequeños empresarios contra los abusos y el descarrilamiento de la Junta de un próspero distrito municipal que merece ser dirigido por gente honesta capaz de entender el rol de los administradores públicos. Lo es porque los dominicanos -principalmente los empresarios- deben aprender a reclamar sus derechos frente a los excesos de los políticos y los funcionarios públicos, y el “Caso Canoa” puede enseñarnos que cuando se cierra el camino de la articulación, nos queda el recurso de la ley y la justicia. Aprender, tomando las palabras de Eduardo Jorge Prat, que los derechos que no se exigen se pierden, porque sólo se da justicia al que la reclama. El “Caso Canoa” tiene raíces profundas, porque su trasfondo es la lucha de la Asociación para el Desarrollo de Cabarete contra el desorden y la corrupción; porque la principal razón de la negativa del director municipal de Cabarete a entregar la información financiera solicitada, es su interés en impedir que se conozca el desastre administrativo y el desorden y dilapidación -para usar palabras suaves- en el manejo de los recursos que pertenecen a la comunidad.
Imagínese lo que se siente al tener como principal figura del Distrito Municipal a una persona que fue sometida a la Justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que violó las normativas electorales “colando” la inscripción de su candidatura fuera del plazo fijado por la ley (marzo 2010), que está sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), por disparar enojado contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es procesado por desacartar la orden de una Corte para entregar información pública solicitada (julio 2012). Además, hay que ver lo mucho que crece la solidaridad de los políticos colegas de Canoa y el escaso apoyo de los empresarios a sus iguales de Cabarete.