Yuderka Alvarez, tesorera de la junta distrital de Cabarete,
Juan Carlos Alvarez, hermano de la tesorera de la junta distrital de Cabarete,
Oscar Pena, empleado de la junta distrital de Cabarete,
Luis Manuel Castillo, mensajero de la junta distrital de Cabarete.
La vice directora afirma en su querella que el ayuntamiento distrital emitió varios cheques a nombre de la vice directora cuales fueron endosados con firmas de otra gente. Las personas que cambiaron los cheques eran Juan Carlos Alvarez, hermano de la tesorera quien autorizó los cheques, y Oscar Pena y Luis Manuel Castillo, empleados del ayuntamitento distrital.
El caso de la licenciada Raquel Sierra es una reflexión de las manipulaciones financieras típicas del ayuntamiento distrital de Cabarete que fueron expuestos al público cuando Canoa tenía que revelar los documentos financieros del ayuntamiento distrital en respuesta a varios solicitudes de ADECA bajo la ley de libre acceso a la información publica.
Los documentos del ayuntamiento distrital muestran que las siguientes personas cambiaron cheques con firmas falsificadas por decenas de millones de pesos:
Humberto Mora, apodo bojote, hermano de Canoa
Rafael Mora, apodo Fey, hermano de Canoa
Roman Mora, apodo Vico, hermano de Canoa
Carlos Jose Alvarez, otro hermano de la tesorera
Rey Angel Alvelo, siempre ligado a Canoa
Juan Luis Vasquez, chofer de la camión de basura
Julio Berni Polanco, chofer de la camión de basura
Federico Sanchez Morales, quien tiene un contrato de RD$ 93,000 por mes por mantenimiento de la grama.
Y los documentos muestran que esa práctica para robar los fondos públicos no ha disminuido desde que la Cámara de Cuentas hizo su auditoria y la Dirección para la Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) del Ministerio Publico inició su caso de corrupción contra Canoa. Canoa sigue como director de la junta distrital y sigue actuando igual que siempre. El caso del DPCA y ADECA contra Canoa y su testaferro Eddy Morfe por corrupción fue suspendido por segundo vez hasta el 23 de agosto cuando Canoa argumentó en el corte que no tenia fondos para pagar un abogado. Aunque Canoa previamente había entregado al corte documentos mostrando que tenia varios negocios y propiedades valorizados en más de cien millones de pesos, la jueza aceptó esa excusa para suspender el juicio. Sin duda Canoa va a presentar otro argumento el 23 de agosto para suspender por tercera vez su caso. El pueblo de Cabarete espera que esta vez la jueza no permita que Canoa siga manipulando el sistema de justicia.
