25/10/2013 12:00 AM – Manuel Quiterio Cedeño
¡Por fin! Este lunes una jueza interina de Puerto Plata ordenó apertura de juicio contra el director del Distrito Municipal de Cabarete, Gabriel Mora (Canoa), acusado por el procurador general Domínguez Brito de “graves irregularidades” en el manejo de RD$185 millones en el período 2004-2010. El caso arrastra a Eddy Morfe exdirector municipal que precedió a Canoa. Para algunos, acostumbrados a los escándalos, esta suma podría parecer poca, pero en promedio son RD$46.2 millones anuales; RD$3.8 millones mensuales; RD$890 mil semanales y RD$127 mil diarios. Demasiado dinero con el cual Cabarete habría resuelto muchos problemas. ¿Cuánto más se habrán perdido en los años 2011-2013?
Canoa tiene un impresionante récord de procesos y querellas penales. Es el primer funcionario procesado penalmente por violación a la ley de libre acceso a la información pública, por ataque a tiros contra un taxista, por la venta de un solar propiedad del Estado, por emitir irregularmente y cobrar cheques hechos a nombre de la vicedirectora municipal de Cabarete, Raquela Sierra, y de Iván de la Cruz, y por falsificar el libro de actas del Distrito Municipal.
El caso se basa en una investigación realizada por la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa iniciada a raíz de una auditoría de la Cámara de Cuentas al Distrito Municipal. Canoa es miembro del PRSC y ganó la posición en alianza con el PLD, por lo que a nadie en su sano juicio se le ocurrirá decir que es un caso político.
Este proceso ha vuelto a mostrar la impúdica complacencia de los tribunales de Puerto Plata con Canoa. La acusación se hizo en febrero pasado, pero el proceso ha sido llevado lentamente, como todos los casos de Canoa desde el 2008, cuando fue arrestado al ser sorprendido causando graves daños a un área protegida (rellenando la Laguna de Cabarete). La audiencia preliminar fue reenviada cuatro veces. El 21 de mayo Morfe presentó un certificado médico; el 5 de julio Canoa se declaró insolvente para pagar su abogado a pesar de que antes había presentado al tribunal una declaración con propiedades millonarias para evadir medidas de coerción, el 23 de agosto su abogado alegó que no había sido notificado regularmente y el 8 de octubre Canoa se internó en una clínica.
Para confirmar sus privilegios la jueza Carolina Castro decidió que si el alcalde malversa el dinero del ayuntamiento viola el Código Penal, no a la Ley de Municipios, y excluyó del proceso a la Asociación para el Desarrollo de Cabarete, que se querelló y presentó pruebas adicionales a las de la Procuraduría ejerciendo los derechos que otorga la legislación municipal a los ciudadanos. Pregunto: ¿suspenderán a Canoa como manda la ley y ocurrió en La Romana?