CABARETE.- Quiterio Cedeno – 27.11.13 La sentencia del Tribunal Superior Electoral derribó las barreras políticas y de corrupción que habían mantenido a Gabriel Antonio Mora (CANOA) al frente de la Junta Distrital de Cabarete, y en un hecho histórico sin precedentes,
esta tarde a las 5:00 será juramentada Raquel Sierra Valdez como directora provisional de la Junta.
El alcalde La Romana fue sustituido por estar sometido a juicio acusado de cometer delitos criminales (en este caso corrupción), pero esta acción se puso en marcha por iniciativa del Consejo Edilicio del municipio; en el caso de Canoa es diferente porque se ha llegado a este punto por la batalla legal iniciado y promovida por la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), liderada durante la mayor parte del proceso por Michel Gay-Crosier, propietario de un pequeño hotel local.
Antes de la sustitución del alcalde de La Romana, decidida por el Consejo Edilicio y ratificada en octubre por el Tribunal Superior Electoral, sólo se registra el caso de Manolín Jiménez, síndico de la capital dominicana, destituido y deportado del país en un juicio sumario e ilegal por el presidente Joaquín Balaguer, que lo acusó de dirigir una conspiración para dar un golpe de Estado.
Cuando Raquel Sierra, actual subdirectora de la Junta, sea juramentada como directora provisional, se habrá alcanzado la segunda etapa de un peculiar proceso en que la directiva una entidad de pequeños empresarios, venció la resistencia de los caciques políticos y el aparato judicial de la provincia de Puerto Plata, que protegió a Canoa, acusado de malversar por lo menos 185 millones de pesos de la comunidad.
La primera etapa fue convertir el escandaloso caso corrupción de Cabarete en un tema nacional, corriendo el telón de la desinformación para que a través de la información periodística en los medios tradicionales y en los digitales, la sociedad dominicana conociera estos vergonzosos hechos. Así “Canoa” se convirtió en un hombre famoso, icono de la corrupción que corroe amplios estamentos de la clase política; y ejemplo del peor tipo de caciquismo y atraso político del país.
ADECA llevó adelante en solitario su batalla. Sólo la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, en dos ocasiones apoyó públicamente sus reclamos de transparencia y por el adecentamiento de la Junta Distrital de Cabarete. Ninguna otra institución empresarial, partido político, organización social o líder regional acompaño esta dura batalla que se inició en el año 2008.
En el seguimiento de esta confrontación contra un político y funcionario corrupto Gay-Crosier camino la mayor parte del tiempo con escasa compañía, y muchas veces en vez de ser estimulado fue cuestionado por su persistencia en una lucha que se consideraba perdida, porque Canoa era considera un intocable, protegido de los jefes del PLD y el PRSC en la provincia y tratado con guantes de seda por el cuestionado aparato judicial de Puerto Plata.
En el proceso quedan para la historia hechos que nadie explica, como el caso del prestigioso presidente de la Corte de Apelación de la provincia que pocas semanas después de renunciar al cargo, pasó a ser de la barra de la defensa de Canoa en los tribunales; o la situación que se presentó cuando por fin se emitió una orden de arresto contra el cacique y los acusados de complicidad en la falsificación de cheques de la Junta Distrital, el juez a cargo de conocer las medidas de coerción, lo dejó en libertad con la visita periódica a la fiscalía como único castigo, mientras que los demás sólo pudieron regresar a sus casas después de pagar las fianzas que se les impusieron.
Un dato que rebela la situación que se vive en el cuerpo policial y judicial de Puerto Plata, es que la orden de arresto se dictó varios días antes de ser ejecutada y se mantuvo en secreto para que Canoa no se enterara. A pesar de eso, cuando se hizo el operativo para detenerlo junto a los demás acusados, escapó y se mantuvo prófugo durante dos días. Cuando se presentó, ya todos sabían que sería dejado en libertad pocas horas después sin tener siquiera que cumplir el trámite de pagar una fianza.
Ordena juramentar a sub directora
TSE suspende al director municipal
de Cabarete acusado de malversar $185
El Tribunal Superior Electoral (TSE) dictaminó ordenó hoy la suspensión del señor Gabriel Antonio Mora (CANOA)en sus funciones como Director de la Junta Distrital de Cabarete hasta tanto se produzca una sentencia definitiva por la acusación presentada en su contra por la malversación de RD$185 millones durante el período 2006-2010.
La sentencia dictada hoy dispone además que Raquel Sierra Valdez, subdirectora de la Junta Distrital, sea juramentada y asuma de manera provisional las funciones de Directora de la Junta de Cabarete.
La decisión fue adoptada en atención a un recurso de amparo presentado por la negación de la Junta Distrital de Cabarete a suspender al director municipal por haber sido enviado a juicio de fondo acusado de graves delitos, como ordena la ley que rige el funcionamiento de los municipios, presentado por la señora Sierra Valdez.
Inicialmente la petición de amparo había sido presentada también por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) y la señora Sierra. Por tecnicismos jurídicos las dos instituciones se retiraron.
La decisión del TSE también descartó la intervención de la señora Angela de Jesús Santana, presidenta de ayuntamiento de Sosúa, que pidió al tribunal no admitir la acción en contra de Canoa; y también descartó la iniciativa de inconstitucionalidad presentada por Claritza Ruiz y Elio Antonio Gutiérrez, presidenta y vocal, respectivamente, de la Junta de Cabarete.
El tribunal declaró sin ningún valor no efecto jurídico las decisiones adoptada por la Junta Distrital d Cabarete rechazando la suspensión de Canoa y declarando inconstitucional el artículo 44 de la ley de municipios que ordena suspender a un funcionario procesado por un delito de carácter criminal.
El TSE además impuso a Claritza Ruiz y Elio Antonio Gutierrez el pago de un astreinte de cinco mil pesos diarios por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia, que deberán cumplir no obstante cualquier recurso. El tercer vocal de la Junta Distrital, Lorenzo Sancasanni, no es citado porque estuvo de acuerdo en la suspensión de Canoa.
El presidente de Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, explicó que de acuerdo a la ley 176-07, en su artículo 44, todos los regidores, síndicos y directores municipales sometidos a juicio de fondo por violaciones de ley que conllevan penas de prisión, serán suspendidos de sus funciones inmediatamente por la sala capitular del municipio cabecera.
Indicó que en virtud del mismo mandato de la ley, la Asociación de Comerciantes de Cabarete y la vice directora de la junta distrital de esa localidad, Raquel Sierra, notificaron a los integrantes del consejo edilicio de la Alcaldía Municipal de Sosúa y del consejo de vocales de Cabarete que procedan a suspender a Canoa por la comisión de graves irregularidades que se le imputan en el manejo de los fondos públicos.
Los dos procedimientos se sustentaron en el hecho de que el lunes 21 del pasado mes de octubre, la jueza de Instrucción Carolina Castro, mando a juicio de fondo al director distrital de Cabarete; Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) y al ex director de la misma institución; Eddy Morfe quienes están siendo acusados de malversar unos 185 millones de pesos.
Trajano Potentini recordó que la acusación formulada contra Mora Ramírez fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigida por Laura Guerrero Pelletier, bajo la imputación de ser autor de los crímenes de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, previstos por los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, Ley No. 176-07 sobre Organización municipal y la Constitución de la República Dominicana.
Las acusaciones que pesan sobre canoa, que incluyen cinco querellas en los tribunales de la república, van desde distracción de fondos públicos a favor de empresas, comercios o negocios de familiares y allegados, en perjuicio del Estado, anular sin justificación recibos de ingresos en perjuicios de la entidad municipal, así como manejar de forma fraudulenta todas las operaciones financieras y contables de la entidad edilicia.