El informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la ejecución presupuestaria de los años 2004-2010 del Distrito Municipal de Cabarete, le pone la tapa al pomo a quienes tienen dudas de las razones para mis denuncias sobre el vergonzoso desastre que ha estado ocurriendo allí bajo la dirección del señor Gabriel Mora, el famoso Canoa. Las denuncias de los auditores se suma al historial de este suertudo cacique reformista protegido por sus socios del PLD y apoyado por sus amigos del PRD, que ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), con una querella por disparar contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario procesado por negarse a entregar información pública (Julio 2012), en un intento de ocultar la dilapidación de los recursos de Cabarete. Recojo aquí sólo los puntos más resaltantes del informe sobre el cuestionable uso de los recursos de un pequeño pero rico Distrito Municipal turístico cuyos ingresos han sido utilizados al margen de las normas establecidas para asegurar el buen uso de los fondos públicos.El informe revela que en se realizaron transacciones por $119.4 millones a través de diferentes cuentas “sin evidenciar anexo los documentos que respalden de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Se asignaron obras por valor de $81.6 millones sin contratos. Esto ocurrió principalmente en los años 2009 ($40 millones y 2010 ($26 millones), bajo el mandato de Canoa, elegido Director Municipal en el 2008. En Distrito recibió ingresos por $30.6 millones “de los cuales se comprobó que los recibos de ingresos superan los depósitos y vicecersa”. A los volantes de depósitos “no se les anexaron los recibos de ingresos correspondientes”. También, pagó de $224 mil por avances de construcción cuyos beneficiarios difieren de los que figuran en las facturas anexas como justificación; se emitieron recibos por $39.1 millones por licencias de construcción sin anexar los documentos relacionados, y se pagaron $2.2 millones en combustibles con cheques a nombre de funcionarios y empleados o personas físicas. Se comprobó el pago de $57.2 millones a contratistas de obras y otros suplidores sin los soportes y justificativos; y pagó $11.1 millones en alquiler de local y equipos de transporte “sin elaborar los contratos” y por lo tanto¸ sin que “indique las condiciones convenidas entre las partes”. Préstamos por $4.6 millones pagados “cuyas transacciones fueron realizadas por personas físicas sin que se hayan formalizado contratos”; y se encontró una discrepancia $1.9 millones entre los registros contables y los soportes justificativos. Esto es sólo un poco de del desastre y pregunto si el Consejo Edilicio de Sosúa necesita una querella penal más para suspender a Canoa, ahora que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa inició un proceso en su contra por dilapidación de las recursos públicos.
