Aplazan audiencia contra síndico de Cabarete por supuesta condición médica.
La Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) calificó de sospechosa la ausencia del ex Director Municipal Eddy Ramón Morfe de la Cruz, a la audiencia preliminar celebrada el martes 21 de mayo en Puerto Plata, al declararse enfermo con un certificado médico de descanso para 3 dias, en un franco intento de incidentar el proceso para ganar tiempo.
Los empresarios reiteraron a los a los tribunales de Puerto Plata no dejarse engañar y proceder con agilidad en el conocimiento de la querella presentada por el Procurador General de la República¸ licenciado Francisco Dominguez Brito, contra el Director Municipal de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) y el ex Director Municipal Eddy Ramón Morfe de la Cruz, por malversar más de 185 millones de pesos de los fondos públicos durante los años 2004 – 2010.
¨Es una estrategia para ganar tiempo porque esta mañana Eddy Morfe se fue en compañía de Canoa por Puerto Plata bien temprano y no estaba enfermo. La noche anterior estaba jugando domino al frente de su negocio y el día de audiencia estaba andando por la Boca para pescar y supuestamente celebrar su victoria¨, dijo al salir de la audiencia Michel Gay Crosier, empresario hotelero de Cabarete y el actual presidente de ADECA.
Afirma que esta estrategia la utilizo Canoa el 11 de mayo 2012 para evitar la audiencia del 11 de mayo 2012 en la corte de Puerto Plata en relación al juicio de la querella de libre acceso a la información, en la que no se presentó y su abogado presentó un certificado médico declarando una hipertensión arterial y una incapacidad de 10 días.
¨El problema es que Canoa, ese mismo dia, estaba trabajando en el callejón de la Loma y un notario público comprobó esa situación La historia se repite hoy con Eddy Morfe. Esperamos que la próxima audiencia, la juez no se deje manipular para reenviar la audiencia¨.
La audiencia fue aplazada para el 5 de julio 2013, lo que según los querellantes contradice al código procesal penal que indica que los aplazamientos deben realizarse dentro de un periodo de una semana a 15 dias a partir de la fecha.
Indicó que Narciso Escaño, jurídico de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) aseguro que todo está muy bien amarrado para mandar a juicio a Canoa y Eddy Morfe.
La DPCA estaba representada con 3 juristas y 2 fiscales de Puerto Plata, mientras por ADECA estuvieron el doctor David La Hoz, abogado de la entidad junto con la licenciada Cándida Gil.
¨Nosotros estamos confiados en que el ayuntamiento de Sosúa suspenderá a Canoa como Director del Distrito Municipal, ya que los ciudadanos y empresarios de Cabarete no se merecen ser representados y dirigidos por estas personas”. Concluyo.
Dominguez Brito se querella contra sindicos por corrupción
La querella presentada por el Procurador General de la República¸ licenciado Francisco Dominguez Brito, ante el Juez de Instrucción de Puerto Plata se fundamenta en una auditoría de ese período realizada por la Cámara de Cuenta, en una investigación adicional llevada a cabo por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), el peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y en una querella documentada presentada por ADECA en octubre del 2012, acusado a Canoa y Morfe por un desfalco de más de RD$102 millones en el período comprendido entre los años 2004 y 2012.
El caso puesto en marcha por la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuenta y ADECA, destapa la mayor trama delictiva conocida hasta el momento en el ámbito municipal.
Mora (más conocido como Canoa) es el actual Director Municipal de Cabarete y ocupa el cargo desde el 2010. Se ha visto envuelto en violaciones a la ley de medio ambiente, en un ataque a tiros contra un taxista y ha sido procesado por violación a la ley de libre acceso a la información pública. Morfe se desempeño como Director Municipal del 2008 al 2010. Canoa también estuvo en la posición los años 2004 a 2005.En el expediente además se cita como involucrados o beneficiados con las actividades ilícitas descritas en la querella a los hermanos de Canoa Ernesto, Humberto y Luz Deisy Mora Ramirez.
El pasado 19 de septiembre del 2012 un tribunal de Puerto Plata impuso a Canoa y Morfe medidas de coerción por una acusación de falsificación de documento público. Ordenó una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentarse a la corte los días 15 de cada mes.
Dominguez Brito en instancia presentada el 8 de febrero del 2013 solicita al Juez de Instrucción de Puerto Plata fijar la audiencia preliminar, dictar el auto de apertura de juicio y ratificar las medidas de coerción que pesan actualmente contra los imputados.
La querella de Dominguez Brito es la tercera que enfrenta Canoa por corrupción. En octubre del año pasado fue sometido por ADECA, y en agosto pasado por la DPCA, basándose en un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal de Cabarete realizó transacciones por $119.4 millones a través de diferentes cuentas sin que existan “los documentos que respalden de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al 70% de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los años 2004 al 2010.
Abultado historial de querellas
La querella de ADECA se suma al historial de conflictos en que ha estado envuelto Canoa, que además de la iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una querella por disparar contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario que está siendo procesado por negarse a entregar información pública (Julio 2012).
Canoa fue nuevamente sometido este año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de la Junta Distrital de Cabarete; pero todos los procesos en su contra “caminan lentos” en Puerto Plata, dijo La Hoz.
Las acciones de los empresarios de Cabarete contra Canoa y la Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las denuncias que obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal, considerada un hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos contratos fueron hechos en violación a la ley de contratación del Estado.
Una de sus respuestas fue iniciar un proceso contra el Gay Crosier por una supuesta violación a las regulaciones ambientales, para el cual falsificó un acta de la Junta Distrital. Esta acción fue desestimada en todas las instancias y por ella ahora enfrenta una demanda y una querella por falsificación que protagoniza la DCPA.
Asociación de malhechores
El doctor La Hoz informó que ADECA acusa a Canoa y Morfe de desfalco, abstención y colusión por Violación de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos, los artículos 146 y 148 de la Constitución de la República y los artículos del Código Penal Dominicano relativos adesfalco (Art. 171), prevaricación (Art. 166), concusión (Art. 174), asociación de malhechores y otros.
Dijo que un análisis de la documentación en manos de la Asociación hecho por un contador encontró que sólo en una supuesta aplicación de asfalto en Cabarete sin contratos ni soportes justificativo en los años 2008 y 2009 se esfumaron RD$54 millones de pesos; y unos RD$10 millones en cheques emitidos a nombre de Guarionex Sánchez y cambiados por el tesorero municipal y un hermano de Canoa. También se emitieron cheques por más de RD$2.5 millones a favor de tres hermanos de Canoa, y otros RD$15 millones emitidos con facturas y firmas falsificadas.
Explicó que la acción iniciada se sustenta en el artículo 21 de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos que establece que en caso de violación a esta legislación “cualquier persona física o moral” podrá solicitar a las jurisdicciones panales competentes “la puesta en movimiento de la acción pública, en constituirse en calidad de querellante y actor civil según los términos del Código Procesal Penal y solicitar las sanciones correspondientes”.
La Hoz precisó además que esta ley “otorga legitimidad procesal a los munícipes en lo referente a la vigilancia y control de los gastos del ayuntamiento como de las labores que realiza”, por lo que establece el artículo 245 que instituye “los Comités de Auditoría Social o Comités Comunitarios de Obras como un mecanismo propio de la comunidad, con el objeto de vigilar los proyectos y obras a cargo del ayuntamiento”, de forma que las mismas“se realicen de acuerdo a lo planeado y presupuestado”.
La querella de la DPCA en agosto
La investigación citada hecha por la Camara sobre la ejecución presupuestaria y que motivó la querella de la DCPA de agosto pasado, abarca el período 2004 – 2010, en el cual actuaron Morfe y Mora (Canoa), bajo cuyo mandato se ejecutó el 54% de los recursos erogados en el período ya que sólo en los años 2009 y 2010 se gastaron $91.1 millones.
El informe señala que los “estados de ejecución presupuestaria no presentan razonablemente en todos sus aspectos los ingresos y desembolsos realizados” en el período, y señala que se violaron las disposiciones de las leyes de organización municipal, de municipios, de presupuesto, de contrataciones públicas, de función pública, el Código Tributario y otras disposiciones.
Esta auditoría revela que se asignaron obras por valor de $81.6 millones sin contratos, principalmente en los años 2009 ($40 millones) y 2010 ($26 millones), bajo el mandato de Canoa, y se comprobó el pago de $57.2 millones a contratistas de obras sin los soportes justificativos, principalmente a la Corporación Norteña de Asfalto, a las constructoras Kuky Silverio Industrial, Sánchez, Julio Melquiades Valdez, Lorenzo Sarita, Rolando Bonilla Smith y Transportes Domínguez.
En Distrito recibió ingresos por $30.6 millones “de los cuales se comprobó que los recibos de ingresos superan los depósitos y viceversa”. A los volantes de depósitos “no se les anexaron los recibos de ingresos correspondientes”. También, pagó de $224 mil por avances de construcción cuyos beneficiarios difieren de los que figuran en las facturas anexas como justificación; se emitieron recibos por $39.1 millones por licencias de construcción sin anexar los documentos relacionados, y se pagaron $2.2 millones en combustibles con cheques a nombre de funcionarios y empleados o personas físicas.
