Por violar el artículo 405 del Código Penal al vender un solar que no era de su propiedad.
Servicios de Prensa de CICOM – 7 de junio del 2013
Una nueva querella fue interpuesta ante la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata en contra de actual director municipal de Cabarete, Gabriel Mora Ramírez (Canoa), por estafa, por lo que suman siete los casos de sometimiento este funcionario, en cuya gestión una auditoría de la Cámara de Cuentas encontró serias irregularidades.
La señora Eusebia Valdez de León acusa Gabriel Mora (Canoa) de violar el artículo 405 del Código Penal, al venderle un solar por 170 mil pesos que luego resultó que no era de su propiedad.
La querellante explica que compró una porción de terreno de trescientos metros cuadrados al imputado y que luego se enteró que dicho terreno se lo había quitado el Ministerio de Medio Ambiente a Mora, alías Canoa.Dijo que solicitó al funcionario municipal la devolución del dinero de la compra del terreno y que éste se negó a devolverlo, por lo que se vio obligada a someterlo a la acción civil y penal.
Valdez de León solicita, a través de sus abogados Florentino Polanco, Carlos Manuel Ciriaco y José Carlos González, que Mora Ramírez sea condenado al pago de una indemnización de dos millones de pesos como justa reparación por los daños causados.
Además, los abogados, en representación de Valdez de León, piden que el imputado sea condenado al pago de las costas del procedimiento y de una multa de RD$200,000.También, solicitan que Mora Ramírez (Canoa) sea condenado a dos años de prisión en el centro de rehabilitación san Felipe de Puerto Plata.
Recientemente, el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, pidió que el actual director municipal de Cabarete fuera enjuiciado por malversar 185 millones de pesos en el período 2004-2010, utilizados en contratos irregulares, pagos sin soporte y por trabajos no realizados, cheques canjeados en los bancos por amigos y familiares de Canoa, la que fue la sexta querella en su contra.
La querella de Dominguez Brito es la tercera que enfrenta Canoa por corrupción. En octubre del año pasado fue sometido por ADECA, y en agosto pasado por la DPCA, basándose en un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal de Cabarete realizó transacciones por $119.4 millones a través de diferentes cuentas sin que existan “los documentos que respalden de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al 70% de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los años 2004 al 2010.
Querellas en contra de Canoa
La primera, en julio del 2011, la llevó Michel Gay Crosier por falsificación de documentos públicos. Denuncia que Canoa se inventó una sesión de la Junta Distrital de Cabarete y la inscribió en el libro de actas, porque necesitaba la autorización de la Junta -que no tenía- para sustentar una acusación contra Gay Crosier, presidente de Adeca, alegando que desde su establecimiento se contaminaba la laguna de Cabarete. La iniciativa de Canoa contra Gay Crosier llegó hasta la Suprema Corte, donde fue desestimada.
La segunda querella fue instrumentada por Adeca, que se sumó a la acción iniciada contra el polémico alcalde por la falsificación ya referida. La tercera también fue iniciativa de Adeca, el año pasado, por violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. El director municipal de Cabarete se negó reiteradamente a entregar toda la documentación sobre la contabilidad y manejos financieros de la Junta Distrital.
La querella de ADECA se suma al historial de conflictos en que ha estado envuelto Canoa, que además de la iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una querella por disparar contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario que está siendo procesado por negarse a entregar información pública (Julio 2012).
Canoa fue nuevamente sometido este año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de la Junta Distrital de Cabarete.
Las acciones de los empresarios de Cabarete contra Canoa y la Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las denuncias que obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal, considerada un hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos contratos fueron hechos en violación a la ley de contratación del Estado.
En marzo 2012, la puso Ambiorix Vargas González, un taxista a quien Canoa hizo tres disparos, molesto porque el automóvil que ocupaba junto a otras dos personas pasó muy cerca de su yipeta estacionada en un barrio de Cabarete. En la quinta, en octubre 2012, Adeca acusó a Canoa y a Morfe por un desfalco de más de RD$102 millones en el período 2004-2012. Se dice que a las tres es la vencida. Quizás con la sexta y Domínguez Brito, se logre mover a la lenta justicia puertoplateña.
