Los auditores que intervinieron en la inspección detectaron 36 irregularidades críticas que comprometen a funcionarios salientes del ayuntamiento en malversación y apropiación de recursos públicos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) presentó un informe de fiscalización hecho al Ayuntamiento del municipio Cabarete, Puerto Plata, donde sus funcionarios habrían malversado 220 millones de pesos.
La investigación contable incluye las administraciones de seis directores municipales, y fue realizada entre el 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2010. Fue aprobada y ratificada por el Consejo de la Cámara de Cuentas en marzo del pasado año.
El dispositivo legal de la auditoria atribuye responsabilidad en las irregularidades cometidas durante el periodo de 2004 al 2010, a los ex directores municipales de la entidad, Eddy Ramón Morfe De la Cruz, Santo Ramírez Castillo, Pedro Julio Vásquez, Nieves Alexandra Bonilla, José Mercedes Vallejo y al actual director Gabriel Antonio Ramírez, quien había ocupado los periodos anteriores ( 2005, 2010-2011).
Los auditores que intervinieron en la inspección detectaron 36 irregularidades críticas que comprometen a funcionarios salientes del ayuntamiento en malversación y apropiación de recursos públicos.
Las autoridades del ayuntamiento realizaron transferencia de fondos a través de diferentes cuentas, por la suma de 119 millones 420 mil 320 pesos, sin evidencia de documentos que den soporte a los desembolsos
Basado estas irregularidades el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, sometió a la justicia al director municipal de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y al ex director Eddy Ramón Morfe De la Cruz, ambos dirigentes del Partido Reformista, por alegada malversación de fondos público durante 2004 al 20010.
El informe aborda, en particular, 12 puntos relevantes a los desembolsos ejecutados por las autoridades municipales durante el referido periodo.
Ingresos y depósitos manejados de manera inadecuada, cheques en poder de funcionarios manipules, desembolsos sin los soportes justificativos; ayudas económicas sin soportes, trabajos pagados y no realizados, compra de combustibles a nombre de funcionarios y empleados.
El análisis hace mención, además, al alquiler de vehículos a empleados del ayuntamiento, cheques endosados por funcionarios de la institución, pago por supervisión de obras no ejecutadas, diferencias en los montos de nóminas, desembolsos a supuestos obreros sin identificar a los beneficiarios, préstamos no registrados ni depositados en la cuenta bancaria de la entidad, entre otras violaciones e irregularidades.
Desembolsos irregulares a favor de contratistas
Las autoridades del ayuntamiento realizaron transferencia de fondos a través de diferentes cuentas, por la suma de 119 millones 420 mil 320 pesos, sin evidencia de documentos que den soporte a los desembolsos.
De esa cifra, 39. 1 millones de pesos se pagaron por concepto de licencia de construcción, sin que se anexaran las certificaciones de no objeción, ni presentaron evidencias que confirmen la ejecución de los trabajos.
Detectaron pagos a favor de contratistas de obras y suplidores de la alcaldía por la suma de 57.2 millones de pesos, sin las documentaciones que avalen los desembolsos, según detalla la auditoria financiera.
Además, el informe destaca que la entidad realizó pagos a contratistas de obras ascendente a la suma de 3.2 millones de pesos, sin que los trabajo fuera realizados.
Otros 4.4 millones de pesos se desembolsados por concepto de supervisión e imprevistos en la contratación de obras, sin que las autoridades de la entidad pudieran justificarlos.
La Cámara de Cuentas señala que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en su artículo 248, Documentación Justificativa expresa:
“Previamente a la expedición de órdenes de pago con cargo al presupuesto del municipio habrá de acreditarse documentalmente ente el órgano que haya de reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto”, precisa el informe.
Familiares de funcionarios beneficiados con alquileres
Otro hallazgo de los auditores de la Cámara de Cuentas fueron los registros financieros que confirman que el ayuntamiento pagó el monto de RD$ 11.1 millones por concepto de alquiler de local y equipos de transporte, a familiares de funcionarios de la alcaldía y sin ningún contrato, en una doble violación legal.
El informe de auditoría cuestiona a la directora municipal del ayuntamiento, Nieves Alexandra Bonilla, durante el período 2005- 2006, por contratar a un tío el servicio de un camión para labores en el ayuntamiento.
Asimismo, otros dos camiones fueron alquilados a Ernesto Mora y Humberto Mora, ambos hermanos de director municipal Gabriel Antonio Mora Ramírez, para los mismos fines, en violación a la Ley 41.04, que crea el Ministerio de Administración Pública, que dispone:
Numeral 15 y 16: “Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge, y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuviera relación de jerarquía”.
Desvío y malversación de recursos
En la investigación a los libros de registro del ayuntamiento, los técnicos detectaron pagos de préstamos por un monto de 4.6 millones de pesos, cuyas transacciones se firmaron con personas físicas, pagadas en efectivo y bajo acuerdo verbal. Los auditores no pudieron establecer el destino dado a esos recursos.
En cuanto a las obras sociales, el documento revela que la entidad pagó el monto de 2.1 millones de pesos, de los cuales RD$ 1.5 millones se entregaron sin las firmas de los beneficiarios ni copias de sus cédulas de identidad y electoral.
De la cifra indicada, 588 mil pesos fueron gastados, supuestamente, en compras de bienes y servicios. Sin embargo, las autoridades no pudieron justificar la erogación ante los auditores de la Cámara de Cuentas.
Compra de combustibles a nombre de funcionarios
Las irregularidades se extienden también a la compra de combustibles y lubricantes. A ese renglón se destinaron, durante los años fiscalizados, 2.2 millones de pesos, de los cuales 1.8 millones fueron emitidos a nombre de funcionarios y particulares sin ninguna justificación.
La Cámara de Cuentas considera que las autoridades violaron la Ley 120-01, que en su artículo 8 literal C, expresa que un funcionario estará impedido de:
“Utilizar su cargo para obtener ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por la ley, de manera directa o indirecta, para él, algún miembro de su familia o cualquier otra persona, negocio o entidad.”
Préstamos no registrados y cheques endosados por funcionarios
La CCRD confirmó que el ayuntamiento obtuvo préstamos por la suma de 4.6 millones de pesos, los cuales, según la auditoria, no fueron registrados en el libro de compromisos ni depositados en la cuenta bancaria correspondiente.
Los técnicos no pudieron establecer qué uso las autoridades dieron a esos fondos, que ahora tiene que pagar el ciudadano contribuyente, según refiere la auditoria.
La investigación también determinó que funcionarios del ayuntamiento de Caberete endosaron cheques emitidos a nombres de terceros por el monto de 2.8 millones de pesos, los cuales fueron cambiados por el tesorero y un inspector de cobros de la entidad, durante el período de 2004 al 2008.
José Ramón Ureña, Tesorero Municipal, dispuso de tres cheques, uno por 1.6 millones, otro de 63 mil pesos y un tercero por 25 mil pesos.
Mientras que Juan Carlos Sánchez, Inspector de Cobros de la entidad, cambió como suyo un cheque por la suma de 1.1 millones.
El Tesorero del ayuntamiento informó a los auditores en mayo de 2010 que, por “desconocimiento”, procedía a cambiar los cheques en el banco, pero que luego hacía entrega a sus “dueños”.
