Ramón Cruz Benzán – Santo Domingo
El ministerio público pidió la suspensión en funciones del director de la Junta Distrital de Cabarete, Municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, Gabriel Antonio Mora Ramírez, luego de que el mismo fuera enviado juicio de fondo por crímenes y delitos de corrupción administrativa.
El pedimento fue hecho luego de que la jueza suplente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, Carolina Castro del Rosario, dictara apertura a juicio el pasado 21 de octubre, en contra de Mora Ramírez, para que allí responda por los hechos que se le imputan.
Con dicha decisión, se declaran nulos de pleno derecho todo acto, gestión, competencia propia y/o concurrente que le hayan sido otorgados a Mora Ramírez para el regular ejercicio de las funciones que le habían sido atribuidos por la Constitución y las leyes en su condición de director de la Junta Distrital de Cabarete.
El tribunal dictó además apertura a juicio en contra del ex alcalde del Ayuntamiento de Cabarete, Eddy Ramón Morfe de la Cruz, acusado junto a Mora Ramírez, supuestamente malversar más de 185 millones de pesos de los fondos públicos durante los años 2004 – 2010.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigida por la Licda. Laura Guerrero Pelletier, presentó formal acusación contra de los imputados, como autores de los crímenes de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.
Los hechos que se le imputan al director de la Junta Distrital van
desde: la distracción de fondos públicos a favor de empresas, comercios o negocios de familiares y allegados, en perjuicio del Estado, anular sin justificación recibos de ingresos en perjuicios de la entidad municipal, así como manejar de forma fraudulenta todas las operaciones financieras y contables de la entidad, hasta entablar concierto de voluntades para no realizar los cobros debidos a favor de la citada entidad edilicia.
Se recuerda que el 19 de septiembre del 2012, un tribunal de Puerto Plata impuso a Canoa y Morfe medidas de coerción por una acusación de falsificación de documento público, disponiendo el pago de una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periodica.
La Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) había pedido a los tribunales de Puerto Plata proceder con agilidad en el conocimiento de la querella presentada por el Procurador General de la República¸ Francisco Domínguez Brito, en contra de los imputados.
La querella de Dominguez Brito se fundamenta en una auditoría de ese período realizada por la Cámara de Cuenta, en una investigación adicional llevada a cabo por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), el peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y en una querella documentada presentada por ADECA en octubre del 2012, acusado a Canoa y Morfe por un desfalco de más de RD$102 millones en el período comprendido entre los años 2004 y 2012.
