CABARETE.- Las asociaciones empresariales turísticas de esta comunidad y Sosúa solicitaron al Procurador General de la República que apele la decisión del tribunal colegiado de Puerto Plata que descargó a Gabriel Mora (Canoa) y a
Eddy Morfe de la acusación de malversación de $189 millones mientras dirigieron la Junta Distrital de Cabarete.
En la audiencia de este lunes 21 de agosto la corte encabezada por las juezas Rosa Francia Liriano, Irina Ventura y Venecia Rojas, falló en favor de los imputados argumentando que la Procuraduría General de la República no había presentado pruebas suficientes para declarar culpable a los imputados.
Los presidentes de la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), Michel Gay-Crosier; de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA), Tomas Callender; y de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS), Andrés Gustavo Pastoriza, pidieron además, que el proceso de apelación sea llevado a una corte fuera de Puerto Plata, “donde los jueces históricamente han actuado de manera benevolente con el ex director municipal de Cabarete”.
La declaración señala que durante todo el proceso fue evidente el trato complaciente, tanto en el juicio preliminar como en el de fondo, con la aceptación de reenvíos provocados por excusas sin fundamento, desde la declaración de insolvencia de Canoa que canceló sus abogados por no tener recursos para pagarlos, pasando por los certificados de enfermedad que Canoa y Morfe presentaron en turnos sucesivos, hasta el último reenvío por el alegato del abogado de Canoa de que le dolía la cabeza. Además, explican, ha creado dudas e incertidumbre el que desde junio pasado los defensores y amigos de Canoa y Morfe aseguraban en público que el descargo de ambos imputados estaba “arreglado” y quedarían libres por insuficiencias de prueba y fallas graves en la acusación. Pastoriza, Gay-Crosier y Callender señalan al Procurador, Francisco Domínguez Brito, que aceptar tal decisión y no apelar sacando el proceso de Puerto Plata, sería una señal negativa, y dar la razón a quienes afirman que en República Dominicana es inútil enfrentar la corrupción y la malversación de los recursos públicos.
