Nunca en la historia reciente del país, los recursos naturales habían sido tan maltratados como en los diez y seis (16) primeros años de este Siglo XXI, pero con un énfasis mayor en los últimos cuatro (4) años. Estamos frente a una verdadera tragedia nacional de los recursos naturales y el medio ambiente, todos sus componentes han sido depredados de manera sistemática por acciones promovidas desde el Estado, con los más aviesos fines y de la manera más descarada.
Para implementar todos esos desmanes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha inventado unas terminologías de seudo carácter científico como “canalización de ríos”, que no es otra cosa que una directa y drástica acción depredadora de áridos (arena, cascajos y otros) de los lechos de ríos, que propicia que en tiempos de avenidas los ríos desvíen sus cauces originales causando el anegamiento de propiedades agrícolas y ganaderas y el arrasamiento de poblados. Estas “canalizaciones” se hacen violando la Ley 64-00, sin ningún estudio de impacto ambiental previo y sin ninguna supervision, permitiendo la extracción de cantidades de materiales que son cuadruplicadas por los beneficiarios de tales permisos. Un ejemplo al canto de este tipo de deterioro ambiental se está dando en la actualidad en el Vertedero de la Cuchara, localizado en el distrito de Veragua, con un permiso otorgado, como todos los demás en la zona Gaspar Hernández-Cabarete, por el vice-ministro de Suelos y Aguas, al sindicalista de camioneros Carlos Almonte, de manera directa, sin ningún tipo de exigencia procedimental, en un lugar de aguas casi superficiales, algo que provoca una sospecha legítima de manejo doloso.
Otro subterfugio empleado por el Ministerio de Medio Ambiente para propiciar la deforestación más dañina que hemos experimentado en el país es: Plan de Manejo Forestal, bajo este enunciado se otorgan permisos a diestra y siniestra para diezmar nuestros bosques. Como hemos podido apreciar en los camiones que vemos en las carreteras de todo el país cargando los árboles cortados, los troncos tienen unos diámetros y una cantidad de anillos que delatan que no han podido ser sembrados en el tiempo que esos “planes de manejo” se oficializaron, que son árboles de mucho tiempo atrás.
Como consecuencia tenemos sequías más prolongadas, por una menor captación de agua de los bosques nublados, que son, precisamente, los que proporcionan las llamadas “lluvias horizontales”, pues atrapan en sus frondas la humedad que no se precipita de manera vertical, al pasar esas nubes cargadas de agua por los topes de las montañas. Esas lluvias horizontales proveen una cantidad de agua mucho mayor que las de las lluvias verticales.
Permitir el corte de árboles en las altas montañas es un crimen de lesa naturaleza que va en contra de lo que establece el Art. 15.- de nuestra Constitución, que expresa que el papel del Estado es el de implementar políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación. El ejemplo más brutal de la deforestación en el país lo tenemos en la Sierra de Bahoruco, un parque nacional por demás, cuya foresta debe proveer de agua el futuro desarrollo de Pedernales, por lo cual dicho desarrollo hay que marcarlo como de dudosa posibilidad.
En la actualidad dos (2) senadores de la República están en la tarea de corregir un mal, largamente, pospuesto; el libre acceso de los dominicanos y dominicanas a sus playas.
La República Dominicana ha estado perdiendo su soberanía territorial al mismo ritmo en que ha estado desarrollando su industria turística. Los hoteles y resorts establecidos en el país pertenecen a empresas internacionales de orígenes, mayormente, europeos y norteamericanos.
En esos países, esas empresas no se adueñan de las playas frente a las cuales se establecen, porque lo tienen prohibido y sin embargo son exitosas, económicamente.
En la República Dominicana nuestra Constitución establece como un derecho de dominicanos y dominicanas el acceso a nuestras playas, pero nuestras autoridades prefieren negarnos ese derecho con tal de promover el desarrollo turístico, cuando no se ha podido establecer que el hecho de que nosotros visitemos las playas, que por siempre estuvieron disponibles para todos, ahora representemos un obstáculo.
La Constitución en el Art. 3.- Establece la Inviolabilidad de la Soberanía, la que se ha estado perdiendo y violando cada vez que una infraestructura turística se levanta frente a nuestras playas. Si contamos los kilómetros de línea costera-playera privatizados por el capital extranjero, nos daremos cuenta de cuanta soberanía hemos perdido hasta ahora, con el agravante de que se ha hecho con un apoyo militante de nuestras autoridades, las de ahora y las de antes. El fundamento de nuestra Constitución se basa en el respeto a la dignidad humana, como lo establece el Art. 5.- de nuestra carta magna y nada puede ser más indignante que un ciudadano no pueda ejercer un derecho tan básico como visitar y disfrutar de un bien común como lo es una playa. En Art. 8.- de nuestra Constitución queda establecido como función esencial del Estado dominicano la protección efectiva del derecho de sus ciudadanos, pero el derecho a gozar de las arenas blancas de las playas y las aguas cálidas de nuestro Mar Caribe y Océano Atlántico, se nos ha negado hasta ahora de manera indiscriminada. El Párrafo único del Art. 15.- de nuestra Constitución establece con claridad meridiana que, “las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos, para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y condiciones en que los particulares podrán disfrutar o gestionar dichas áreas”.
En este Párrafo del Art. 15.- se deja entendido la necesidad de promulgar una ley que regule el disfrute de los dominicanos y dominicanas de sus playas, que es lo que están haciendo los dos legisladores antes indicados, de manera que no afecten las actividades de los visitantes extranjeros, que es la forma en que los europeos y norteamericanos disfrutan de sus playas, en sus países y es la manera en que los dominicanos y dominicanas disfrutamos de esas playas cuando vamos a Europa y a los Estados Unidos. Es un contrasentido que en el extranjero a nosotros no se nos impongan cortapisas para bañarnos en playas extranjeras y que en nuestro propio país se nos niegue ese derecho.
El permitir el libre acceso a nuestras playas, no implica que no se observe el derecho a la propiedad privada, lo que deseamos es disfrutar de nuestras bellas playas, no invadir los terrenos adyacentes donde están ubicados los hoteles y resorts y mucho menos destruir o utilizar las facilidades y edificaciones, solo necesitamos acceder a las playas y disfrutar de la oferta natural. Aceptaremos las regulaciones que sean necesarias y justas.
