Fundación Acción Verde, Inc.
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– Por primera vez desde la la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se reduce su extensión: 351 Km2 de bosques están desprotegidos por eliminación del Parque Nacional Manolo Tavárez Justo.
– Parques Nacionales como Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Los Haitises y Cotubanamá se enfrentan al asedio, la indolencia y el descuido.
– La naturaleza también pasó factura.
– El ministerio de Medio Ambiente va de mal en peor.
Para la Fundación Acción Verde el cierre del año 2019 ha dejado un sabor amargo en el sector ambiental, toda vez que ha dejado sentada una marcada indolencia por parte del gobierno central en los temas relativos a los recursos naturales y se han expandido las fisuras entre el Ministerio de Medio Ambiente y las organizaciones ambientalistas, que siguen clamando ante oídos sordos frente a las agresiones que enfrentan los ecosistemas dominicanos.
Al mismo tiempo, se ha marcado un precedente nada envidiable para gobierno alguno: por primera vez desde la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se ha registrado un descenso en la cobertura de las mismas, dado que el poder político y económico, amparado en la pasividad del la autoridad competente, logró que el Tribunal Constitucional dejará en el desamparo una extensión de 351 kilómetros cuadrados de bosques que protegía el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, en la zona montañosa de la Provincia Santiago Rodríguez, donde desde ya se ha denunciado una escalada en la tala de árboles y autorizaciones de planes de manejo que ponen en la peligro las cuencas hídricas de los ríos que abastecen la presa de Monción.
Sin embargo este parecería ser “el mal menor” comparado con el asedio indetenible que desde hace tiempo se ha ensañado contra los Parques Nacionales de Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco, en los que las denuncias sobre agricultura intensiva y extensiva han estado a la orden del día con la evidente complicidad de las autoridades a todos los niveles. Siendo 2019 ese año en el que no se hizo absolutamente nada para enfrentar la devastación de bosques nublados para plantar fresas, papas, cebollas, aguacates y otros rubros que rinden altos beneficios sólo a sus productores en desmedro de la seguridad hídrica del país.
Todo esto ocurre muy a pesar que que la propia constitución, en su Artículo 16 sobre las Áreas protegidas declara que “La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional”.
Sin embargo, a pesar de que varios casos han sido llevados ante la justicia para imponer el respeto por el patrimonio natural de todos y obtenido ganancia de causa en recursos de amparo, los mismos siguen empantanados en las llamadas “altas cortes” dejando en claro que aún cuando el marco jurídico está llamado a proteger de forma a urgente y permanente el bien común, cuando se trata de enfrentar intereses de sectores poderosos o del gobierno central, el sistema de justicia tiene “otro ritmo de acción”.
Ejemplos palpables de la situación se pueden ver en el caso de la ocupación de terrenos en el Monumento Natural Pico Diego de Ocampo o en en la placidez con que supuestamente se facilita el otorgamiento de Licencias Ambientales para proyectos en lugares como los humedales de Boca de Yásica en Cabarete, el Parque del Este, o en el Paisaje Protegido Guaraguao, por el Parque Nacional Cotubanamá. En estos últimos espacios se están anunciando grandes proyectos hoteleros bajo el eufemismo de ser “eco amigables” aunque contravienen mayormente resoluciones anteriores del propio Ministerio de Medio Ambiente y que son soberbiamente ignoradas por la actual gestión.
Y aunque todo lo denunciado es muy grave, todavía palidece ante la realidad institucional que vive “la autoridad rectora” del sector Ambiental, una entidad en la que la mayoría de los viceministerios y estructuras de dirección técnica están a merced de los caprichos y coyunturas de un Ministro que ha demostrado hasta la saciedad que su interés por la protección ambiental no va más allá de defender las plantaciones de aguacates y la permisividad ante cualquier proyecto de construcción, aunque esto conlleve destruir algún valioso ecosistema.
Como muestra, se afirma que varios Viceministros se encuentran literalmente “sin funciones”, toda vez que el Ministro Estévez ha dispuesto que sus responsabilidades sean asumidas por terceros que respondan sus mandatos. Este es el ejemplo del Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que desde hace meses ha sido relegado de sus funciones, lo mismo el Viceministerio de Suelos y Aguas. Al ser nombrados por decreto, los incumbentes no pueden ser “cancelados” por los Ministros, pero si dejados sin funciones en la práctica.
La situación se agrava cuando en los cuerpos técnicos y operativos del Ministerio de Ambiente son reemplazados todos aquellos peritos y funcionarios cuyas voces no sean complacientes ante las solicitudes de aprobación de proyectos que riñen contra las normativas ambientales, lo cual ha derivado en un ministerio centralista, donde cada decisión por insignificante que sea debe ser previamente analizada y aprobada por el despacho.
No obstante, nada de esto representa una sorpresa para el sector ambiental, visto que el “mal ejemplo” se viene dando hace tiempo desde las altas instancias del gobierno, asignando funciones paralelas a entelequias creadas por decreto que no sólo generan duplicidad de roles con el Ministerio de Medio Ambiente, sino que en su conjunto reciben varias veces el presupuesto de por sí disminuido asignado a este Ministerio.
Como muestra se pueden mencionar los proyectos agroforestales de la presidencia, que si bien se muestran como plataformas de coordinación interinstitucional, en la práctica los recursos que manejan y la fuerza de sus operaciones dejan en la litera a “la histórica cenicienta de los gobiernos” (el Ministerio de medio ambiente).
Por ese mismo camino se puede mencionar el Consejo Nacional de Cambio Climático, “Dominicana Limpia”, o los Consejos Ambientales o de Cuencas que influyen sobre ríos como el Ozama o el Yaque del Norte, consideradas iniciativas muy trascendentes para tema cruciales de la nación, pero en las que todas tienen un denominador común: Debiendo ser competencia plena del Ministerio de Medio Ambiente, en ellos esta institución tiene un rol que va de pasivo a tibio, siempre a la saga del liderazgo que imponga el Poder Ejecutivo.
Por último, en el 2019 la naturaleza también pasó factura a la situación ambiental, prolongando una sequía descomunal que dejó pérdidas que se suman por miles de millones en los sectores agrícolas, ganaderos y forestales. La pérdida de cultivos, la muerte masiva de reses y las plagas que afectaron los bosques de la sierra y que por la lentitud de reacción de Medio Ambiente fueron necesarias acciones más extensas que obligaron al corte de varios cientos de miles de pinos de la cordillera marcaron bien en claro la advertencia de que la crisis del clima no se andará con misericordia y que países vulnerables como el nuestro deben aprender cuanto antes la lección de fomentar de manera sistemática y con seriedad medidas de preparación y adaptación que permitan mayor capacidad de resiliencia ante la situación que se avecina.
Penosamente, esta no es una realidad que parece importarle mucho a la clase dirigencial dominicana, ni a los políticos en sentido general, visto que continúan actuando con inmediatismo, oportunismo y doblegados ante la conveniencia de los llamados “poderes fácticos” que imponen su agenda, la cual rara vez está alineada con los mejores intereses de la nación. Para muestra un botón, basta ver la Ley De Residuos o la Ley De Aguas que transitan aún por el Congreso.
Definitivamente, en el caso Medio Ambiente, 2019 es un año en que se perdió!
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