Resumen Turismo – Manuel Quiterio Cedeño – 1ro de septiembre 2017
Ayer la Corte de Apelación de Puerto, integrada por los magistrados Francisco Antonio Sanchez, juez segundo sustituto, Manuel Urena Martinez y Onasis E. Pelegrin, leyó la sentencia que condena a Gabriel Antonio Mora (Canoa) y Eddy Morfe acusados del desfalco de RD$185 millones en la Junta Distrital de Cabarete. Canoa y su compinche comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, principalmente en El Caribe, hace 10 anos. Primero se hicieron famosos porque entregaron a una empresa privada desconocida la gestión y cobro de los impuestos municipales. Pero los primeros indicios de corrupción aparecieron en una auditoria de la Cámara de Cuenta al manejo de los recursos municipales durante el año 2004. Después, gracias al empuje de la prácticamente desaparecida Asociación para el Desarrollo de Cabarete y su presidente Michel Gay-Crosier, el país pudo conocer la escandalosa malversación de los fondos de la Junta Distrital de Cabarete. Para llegar a la sentencia leída ayer han pasado 13 años, dos auditorías, una voluminosa querella de la Procuraduría General de la República dirigida por Dominguez Brito, daños a la Laguna de Cabarete, querella por venta de una propiedad pública, querella por atacar a tiros un taxista y un largo etcétera. El Caribe, primero bajo la dirección de Manuel Quiroz y después de Osvaldo Santana, me ha permitido echarle combustible a esta batalla contra la corrupción y la impunidad, desde mi columna de los viernes, en las que en 40 artículos abordé el “Tema Canoa”, para alentar al pequeño grupo de Cabarete, principalmente a Michel, a seguir adelante; y para evitar que la cuestionable dirigencia política de Puerto Plata se saliera con las suyas, protegiendo a Canoa y Morfe para evitar su condena por usar en su provecho los recursos de Cabarete. El juicio a Canoa y Mofe comenzó con una querella de la Procuraduría General de la República (PGR) presentada en el 2012, siete años después la “inconclusa” auditoría del 2005 que destapó la escandalosa malversación de los recursos de la Junta Distrital. El proceso inició en mayo del 2013 y en agosto del 2014, después de siete reenvíos, los acusados fueron descargados por insuficiencia de pruebas, por el tribunal de primera instancia integrado por Rosa Francia Liriano Lantigua, Irina Ventura Castillo y Benecia Altagracia Rojas Cruz. La persistente denuncia mediática apoyada principalmente por El Caribe, evitó que el “Caso Canoa” terminara en el zafacón de la vergüenza. En cambio lo convirtió en un tema de interés nacional, y pienso que creó las condiciones para que varios casos de alcaldes corruptos hayan sido llevados a los tribunales
