Aunque en la prensa local no se le ha dado la importancia debida a estos hechos de sangre, hace un par de semanas, un empleado del ayuntamiento de Cabarete, haciendo uso indebido de una escopeta, disparó e hirió, en dos ocasiones separadas, a dos mujeres; en el sector de La Ciénaga de Cabarete. Una fue herida en un brazo y la otra en una pierna. En cualquier país del mundo, el arma de este sujeto estaría confiscada por las autoridades y él estaría preso a la espera de un juicio donde sería condenado a varios años de prisión, para ser regenerado y para sacarlo de la circulación pública y evitar que agreda a otras personas. Pero aquí en el país, las cosas se desarrollan de una manera muy diferente, con relaciones e influencias, un criminal en potencia (como el individuo del caso que nos ocupa), sale por ahí armado, le dispara a dos mujeres (que por suerte para ellas solo son heridas) y se sale con la suya sin sufrir, absolutamente, ninguna consecuencia. Para hacer de esta agresión un ejemplo más patético de lo que es la práctica de la impunidad en el país, una de las agredidas es amenazada de lo que le podría pasar si hace un denuncia del caso y entra en miedo y a la otra se le entrega una pequeña cantidad de dinero para que cure su herida y caso resuelto. Esa persona, que no tiene ningún respeto por la vida humana, tiene antecedentes que demuestran que tampoco respeta los recursos naturales, pues se le ha visto rellenando varios lugares del humedal del Monumento Natural Lagunas Cabarete-Goleta con el camión alquilado por el ayuntamiento. El nombre del sujeto es José Luis Osorio, chofer del camión de basura de la junta distrital de Cabarete, a quien la directora, Raquel Sierra, lejos de retirarlo de ese puesto, ante hechos tan lamentables, lo protege, haciéndose cómplice de esos intentos de asesinatos. Esta señora demuestra así el nivel moral en que enmarca sus actos y quizás no se percate de la gran responsabilidad que está asumiendo en el caso que su chofer se le ocurra seguir disparando a las personas. Ahora, lo más increíble de esta historia, es que ese individuo sigue manteniendo esa escopeta y además porta una pistola que exhibe sin el menor sonrojo. La fiscalía debería investigar este caso y chequear si esas armas son portadas con permisos legales, pues de lo contrario, no solo la directora distrital llevaría la responsabilidad moral de los actos delincuenciales armados de su chófer, sino el fiscal correspondiente, en el caso en que vuelvan a ocurrir otros hechos de sangre como los aquí indicados.
