Elcaribe.com.do – Manuel Quiterio Cedeño – 11 Agosto, 2017
El pasado primero de agosto terminó en la Corte de Apelación de Puerto Plata el juicio a Gabriel Antonio Mora (Canoa) y Eddy Morfe, acusados del desfalco de RD$185 millones en la Junta Distrital de Cabarete. El tribunal integrado por los magistrados Juan Suardí García (presidente), Xiomara Tineo Reyes, Francisco Antonio Sánchez, Miguelina de Jesús Beard y Aloide de Jesús Matías Cueto, leerá el 31 de agosto la sentencia.
Este proceso fue iniciado con una querella de la Procuraduría General de la República (PGR), presentada en el 2012. La audiencia preliminar inició en mayo del 2013. A partir de ese momento, y hasta agosto del 2014, cuando los acusados fueron descargados, se produjeron siete reenvíos por certificados médicos presentados por los acusados, por la no comparecencia de testigos, porque no se notificó un documento, o porque no tenían dinero para pagar abogados.
Canoa contrató como abogado a Pedro Balbuena, que pocos meses antes había abandonado la posición de Juez Presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata. En septiembre del 2014, fueron descargados por insuficiencia de pruebas a pesar del grueso y detallado expediente presentado por la PGR. El tribunal lo integraron Rosa Francia Liriano Lantigua, Irina Ventura Castillo y Benecia Altagracia Rojas Cruz.
La fiscalía de Puerto Plata apeló la sentencia y el proceso reinició en octubre del 2014. Fue reenviado en varias ocasiones por falta de abogados, porque no se notificaron documentos, o porque los abogados necesitan tiempo para conocer el expediente. La sentencia será leída dos años y 10 meses después de presentada la apelación.
Esta historia de Canoa comenzó en el 2005, con una auditoría de la Cámara de Cuenta, “inconclusa”, que destapó la escandalosa malversación de los recursos de la Junta Municipal. El siguiente capítulo fue una orden de arresto en el 2008 por causar graves daños a la laguna de Cabarete.
En el 2012, fue arrestado por atacar a tiros un taxista, y en julio de ese mismo año se publicó una nueva auditoría en la Junta Distrital, que encontró un desfalco de RD$119 millones en el período 2004-2010. En agosto, la PGR presentó acusación y solicitó medidas de coerción.
En febrero del 2013, la PGR, dirigida por Francisco Domínguez Brito, presentó la nueva querella, esta vez por malversación de RD$185 millones en el período 2004-2010. En marzo, se querelló Eusebia Valdez, por haberle vendido una propiedad pública; en julio, Raquel Sierra se querelló, porque Canoa emitió cheques de la Junta a su nombre cobrados irregularmente.
En el 2011, la Asociación para el Desarrollo de Cabarete se querelló por falsificación de escritura pública; y en febrero del 2012, otra vez por violar la ley de libre acceso a la información pública. Finalmente, en noviembre del 2013 el Tribunal Superior Electoral lo suspendió como director distrital. En cada caso o se retiran las querellas o el juez favorece a Canoa. Con poca esperanza de justicia, solo queda decir: ¡Qué Dios salve a Cabarete!
