El caribe.com.do Manuel Quiterio Cedeño
El 28 de febrero pasado la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó en estado de fallo la apelación presentada por Gabriel Mora (Canoa) exdirector del Distrito Municipal de Cabarete, contra la benigna sentencia de la Corte de Apelación de Puerto Plata por desfalco de $185 millones.
No olvidemos esta historia. La primera denuncia contra Canoa apareció en la auditoria de la Cámara de Cuentas del 2005, por manejo irregular del dinero de Cabarete. La segunda, la querella de diciembre del 2008 por rellenar la laguna de Cabarete.
En el 2009 la Asociación para el Desarrollo de Cabarete inició su batalla contra la corrupción. Enterado, decidí sumarme a esta organización de pequeños empresarios y convertir esto en un tema mediático apoyado por El Caribe. Fue un largo proceso con querellas diversas, que tomó fuerza en febrero del 2013 cuando la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un grueso expediente por el desfalco de $185 millones.
Después de muchísimos reenvíos, en agosto del 2014 Canoa fue absuelto por falta de pruebas por un tribunal colegiado (juezas: Rosa Francia Liriano, Irina Ventura y Venecia Rojas). La PGR sospechaba porque solicitó –y no fue complacida- a la SCJ sacar el caso de los tribunales de Puerto Plata.
En diciembre del 2017 (13 años después), Corte de Apelación (magistrados: Juan Suardí García, presidente, Xiomara Tineo Reyes, Francisco Antonio Sánchez, Miguelina de Jesús Beard y Aloide de Jesús Matías Cueto), condenaron a Canoa y a Eddy Morfe, a dos años de reclusión “menor” y al pago de $831,226.
Puedo suponer que el despliegue mediático del “Caso Canoa” motivó las acciones de los años siguientes contra la corrupción en el ámbito municipal, primero con Francisco Domínguez Brito en la PGR –que lanzó este caso- y ahora con Jean A. Rodríguez.
Codenas definitivas por corrupción se han logrado en el caso de Villa Altagracia donde fueron condenados (agosto 2013) Pedro Peralta (ex síndico, fallecido), Franklin Vargas, Rafael Mercedes y Manuel Ramírez Veloz (prófugo). En Los Alcarrizos (diciembre 2013), Angel Luis Rodríguez y José Remedio Beltré Melo. En La Victoria (marzo 2016), Jose Ramón Hernández, Fernando Guillermo Santana y Pedro Ramón Abad.
Pendientes en apelación está el caso de San Cristóbal donde fueron condenados (septiembre, 2017) Raúl Mondesí (8 años y $60 millones), Bienvenido Araujo (6 años y $20 millones), Antonio Ferreira Guzmán (7 años y $20 millones) y Pedro Valverde (3 años). San Francisco, donde fueron condenados (diciembre 2017) Félix Manuel Rodríguez Grullón (5 años y 5 millones) Jerson Neris Lizardo Pérez (5 años y $10 millones). En el Distrito Municipal La Bija (Cotui) fueron sentenciados en apelación (junio, 2016), Jesús Jimenez Castro (3 años y $147 mil) y Félix Antonio Alberto Herrera fue declarado en rebeldía).
Escucho quejas porque sólo tenemos condenas y procesos en marcha en instancias menores del Estado. Creo, sin embargo, que son logros limitados, pero éxitos. En estos expedientes mi crítica es a la perniciosa actitud de los jueces de alargar los procesos. Los años del “Caso Canoa” son tantos que no se pueden contar.
El problema de Cabarete es que se quito uno pero se metió otro corrupto…
